El Gran Premio de Madrid sigue generando debate en torno a su viabilidad económica. A pesar de las promesas de que “no costará un euro a las arcas públicas”, la realidad financiera del evento apunta a una dependencia indirecta de fondos públicos. IFEMA, entidad consorciada por instituciones como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, actúa como garante del proyecto, lo que significa que, en caso de pérdidas, estas podrían recaer sobre dicha entidad.
La experiencia de otros circuitos europeos no es alentadora. Zandvoort, a pesar de su éxito con llenos absolutos en sus últimas ediciones, ha anunciado que 2026 será su última carrera debido a los riesgos financieros. Sin apoyo gubernamental, el margen de maniobra de los organizadores neerlandeses se reduce drásticamente, algo que también sucedió con Hockenheim, Nürburgring y Paul Ricard en su día.
En el caso de Madrid, los costos de montaje y desmontaje del trazado urbano se suman a los gastos de organización, lo que representa un desafío económico considerable. Además, los ingresos generados por las entradas apenas cubren gastos, mientras que derechos clave como la publicidad y el Paddock Club quedan en manos de Liberty Media, limitando las oportunidades de rentabilidad para los promotores locales.
Aunque los ejemplos de Miami y Las Vegas pueden parecer modelos de éxito, estos circuitos cuentan con el respaldo directo de Liberty Media, algo que no ocurre en Madrid. Los proyectos como este requieren equilibrio financiero o aportaciones públicas para sostenerse, un desafío que parece complicado de resolver sin recurrir a "contabilidad creativa" que enmascare el origen de los fondos.
Con precedentes como los de Zandvoort y las limitaciones económicas, la viabilidad del Gran Premio de Madrid depende de cómo se gestionen los riesgos financieros y de si se logra un modelo que garantice su sostenibilidad a largo plazo.
